Los 50 puntos de austeridad

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Reforma para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción.
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Suspensión de todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos.
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Reformar la ley para considerar delitos graves: tráfico de influencia; corrupción; asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública; robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.
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La Fiscalía General contará con absoluta autonomía, no recibirá consigna de la Presidencia de la República.
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La Fepade garantizará que las elecciones sean limpias y libres; evitará el uso del presupuesto para favorecer a partidos o candidatos.
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La Fiscalía Anticorrupción no permitirá en ninguna circunstancia que prevalezca la impunidad; podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares.
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Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos.
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El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual presidente
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No habrá adquisiciones de vehículos nuevos.
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No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
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No habrá más de cinco asesores por Secretaría de Estado.
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Solo tendrán secretarios particulares los secretarios del Gabinete.
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No habrá bonos.
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Se limitarán los gastos de viáticos.
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Se cancelarán gastos médicos privados.
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No habrá Seguro de Separación Individualizada.
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No habrá viajes al extranjero sin autorización del secretario.
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Serán cancelados los Fideicomisos y cualquier instrumento para ocultar fondos.
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Ningún funcionario contará con guardaespaldas, salvo aquellos encargados de la seguridad pública.
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Centralización de oficialías mayores, oficinas de prensa, oficinas de publicaciones, defensorías jurídicas, oficinas de compras, contralorías internas y delegaciones.
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Prevé reducir 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación.
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Reducción del sueldo en las actuales plazas que perciben más de un 1 de pesos anuales.
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Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados.
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Cancelación de pensiones a ex presidentes de la República.
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Prohíbe a funcionarios uso de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos particulares.
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Se prohíbe la contratación de familiares.
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Ordena a empleados de confianza laborar de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
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Prohíbe trabajar en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas.
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Plantea reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno federal.
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Funcionarios de hacienda, comunicaciones, energía tendrán prohibir asistir a fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas.
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Prohíbe emplear a funcionarios en domicilios particulares.
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Ningún funcionario podrá, a su paso, cerrar calles o detener el tráfico.
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No se adquirirá mercancía con existencia suficiente en almacenes.
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No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
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Sólo contarán con choferes, secretarios y los Subsecretarios.
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Policías y los militares no estarán al servicio de funcionarios o particulares.
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Incorporación del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Los Pinos formarán parte del Bosque de Chapultepec.
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Desaparecerán las partidas para vestuario del presidente, sus colaboradores cercanos y familiares.
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Prohíbe el espionaje y de intervención telefónica.
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Ordena el cuidado de los bienes de las oficinas públicas.
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Instruye a generar ahorraros en electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet, gasolinas.
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Ordena trato amable en las oficinas públicas.
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Las compras públicas se harán bajo observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.
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Los contratos de obras públicas se llevarán a cabo mediante licitación pública.
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Pide a legisladores no recibir "moches".
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Prohíbe a funcionarios recibir regalos con valor superior a 5,000 pesos.
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No se autorizará la contratación de despachos, consultores externos para elaborar proyectos de los servidores públicos.
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En las contrataciones internacionales se dará preferencia a empresas de países cuyos gobiernos castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción.
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Revisión de contratos actuales con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentísmo o la corrupción.