Dos cosas quiero celebrarle a la 4T antes de que termine el año. Una, el incremento al salario mínimo muy por encima de la inflación y, dos, la iniciativa de reducir sustancialmente el financiamiento a los partidos políticos.

Respecto a los salarios, el incremento es una medida centrada en el combate a la desigualdad. Como se sabe, el ingreso nacional se reparte, grosso modo, en dos cantidades: las rentas y las ganancias, por un lado, y los salarios, por el otro. Las proporciones de esos componentes en el ingreso nacional son 70% para los dueños del capital y 30% para quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo.

Se dijo por décadas que eso se debía a que el aumento salarial era inflacionario y que, si aumentaba, tendría que ser por incrementos en la productividad.

Salomón Chertorivski, un muy buen economista que (para desconcierto de los fanáticos) trabajó en los gobiernos de Calderón y peña Nieto, en el nivel federal, y en la Ciudad de México en el sexenio pasado, demostró que no existe una relación causal entre salarios e inflación (https://bit.ly/2SvPuDv). Muy al contrario, el incremento salarial y la reducción de la desigualdad serían un fuerte impulso al mercado interno.

Chertorivski demostró que la relación de los salarios y la productividad es también un mito en el ámbito mexicano. Entre 2005 y 2018, mientras que la productividad de los factores creció casi 7%, el salario se redujo en términos reales en 2%.

Es cierto que, con el incremento del mínimo, los niveles salariales más altos no se benefician, pero el incremento tiende a revertir la tremenda desigualdad económica. De acuerdo con la teoría de la justicia (https://bit.ly/2SupyIm) una sociedad mejor es aquella en la que los extremos de ingresos son menos amplios.

Respecto al financiamiento a los partidos, se puede decir que es lamentable que la oposición no haya apoyado esta propuesta de Morena porque, a todas luces, ese financiamiento es un dispendio enorme en un país donde más de la mitad de la población está en la pobreza.

Hay una propaganda que dice que el INE es una fuente de dispendio en el país. La verdad es que la mitad del presupuesto de ese organismo (11,400 millones de pesos para 2020) es para los partidos. Otra parte sustancial del gasto es la credencial de elector, que cumple el papel de identificación nacional, quitándole ese gasto a gobernación. El salario de los consejeros es alto, efectivamente, y podría reducirse, pero es solamente el 0.2% de todo el presupuesto.

Lo que en mi opinión debería hacer la 4T es, primero, respectar los órganos autónomos, única garantía para sostener y mejorar un sistema democrático que aleje las tentaciones autoritarias; segundo, mejorar el sistema actual para hacer más eficientes las operaciones del INE, por ejemplo, impulsando la tecnología para el voto electrónico (cuidando que Bartlett no meta las manos allí porque es experto en grandes fraudes electorales); tercero, insistir en la reducción al presupuesto de los partidos eliminando los incentivos para la creación de esos negocios familiares que quieren vivir del presupuesto público (por ejemplo, dejando que participe cualquier agrupamiento en las elecciones, pero darle el registro definitivo si obtiene al menos 5% de los votos emitidos), cuarto, sometiendo a fiscalización los recursos de los partidos para evitar el “dinero sucio” y, quinto, que el financiamiento depende de si hay o no elecciones en el país (se podría hacer una ley que establezca un día fijo para elecciones cada tres años para que los políticos no estén siempre en campaña).

Dos buenas propuestas de la 4T (una exitosa y la otra fallida) que reivindican el voto que les otorgué el 1 de julio del 2018.

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