La inútil guerra contra las drogas


Por Alejandro Valenzuela

TIENE MUCHA RAZÓN EL PRESIDENTE cuando afirma que, en el asunto del crimen organizado, se trata de combatir las causas y no los efectos. El único problema es que las causas no son las que el presidente cree.

El presidente cree que las causas son la pobreza y la falta de oportunidades y cree también que la estrategia correcta es la de abrazos, no balazos. Pero eso es falso.

En México hay unos 50 millones de pobres mayores de 15 año, es decir, susceptibles de involucrarse en el narco, según la visión del presidente. Sin embargo, de acuerdo con la DEA, hay en el país unas 500 mil personas involucradas en ese ilícito negocio, entre jefes, operadores, transportistas, productores y sicarios. Parece que son más, pero la impresión se debe a la intensa rotación de personal: los miembros de ese pequeño grupo tienen una esperanza de vida extraordinariamente corta y, por tanto, el reclutamiento es muy intenso.

De ese total, no todos son pobres (incluso, hay ricos muy ricos allí), pero supongamos que todos lo sean. Entonces, solamente el 1% de los pobres estarían involucrados en el narcotráfico.

La estrategia correcta, sin derramamiento de sangre, es la legalización total (producción, trasporte y venta) de todas las drogas.

Según la CONADIC (Comisión Nacional contra las Adicciones) y la Secretaría de Salud, en México un 8% de personas han probado alguna droga alguna vez en su vida (no todos ellos son adictos). El porcentaje de personas con tendencia a la adicción es menor, pero a la larga tenderá a estabilizarse en el 10%, independientemente de si las drogas son legales o no.

La lucha contra el narcotráfico ha tenido un solo efecto: que el precio de las drogas ha crecido. La demanda no baja porque las drogas son bienes de demanda inelástica, es decir, que la demanda no baja (al contrario, se observa que sube) aunque los precios suban. Eso implica una sola cosa: que la guerra contra el narcotráfico solamente beneficia al negocio.

El gasto diario del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado es aproximadamente de 300 millones de pesos [revise los Presupuestos de Egreso de la Federación de los últimos 10 años en los renglones respectivos dentro del Ejército, la Marina y las procuradurías (hoy fiscalías)].  Esos recursos se pueden gastar mejor en la prevención, rehabilitación, atención a la niñez y al combate a otros crímenes de alto impacto.

Sospecho que la legalización no avanza porque el crimen organizado, según diversas fuentes y cálculos, es un negocio que vale cerca de 350 mil millones de dólares en todo el mundo [véase Daniel Pontón (2013). La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Número 47, Quito. Flacso-Sede Ecuador. ISSN: 1390-1249. Ver también: Jeremy Haken (2011). Transnacional crime in the developing world. Global Financial Integrity  en http://tinyurl.com/Mkdbqos].  Se sabe que solamente en México ese negocio vale cerca de 50 mil millones de dólares. Con ese poder económico, que se traduce en político, se puede dudar que los jefes reales sean los Chapos, los Menchos, los Mayos, los Marros… Los verdaderos jefes seguramente están más arriba, en los muy altos circuitos político-financieros del mundo.

Creo, también, que la intención de los Estados Unidos de declarar como terrorismo al narcotráfico mexicano, debe ubicarse en ese contexto porque la medida, además de promover el intervencionismo gringo, aceitaría el negocio y y le daría un gran impulso.