AMLO, el “empresario”


Como dice Maximiliano García (La Jornada, 26 de septiembre del 2019), en el caso de las empresas donde se le “hizo” socio al Presidente, denunciado por él mismo en la mañanera, hay algo raro.

Una posibilidad es que el Presidente mienta, lo cual no es inverosímil. Hace unos días dijo que Mexicanos Contra la Corrupción (mexicanos a favor de la corrupción, les llamó) “nunca habían dicho nada” sobre la corrupción de gobiernos anteriores, cuando fueron ellos, junto con el portal Animal Político, los que hicieron la investigación llamada La Estafa Maestra en tiempos de Peña. Después dijo que el ministro en retiro José Ramón Cossío asesoraba a los que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía y cuando el ex ministro lo desmintió, simplemente dijo que no sabía, con lo que confesó que dice las cosas por decirlas, sin saber, nada más porque “su pecho no es bodega”. También dijo que Bartlett era santo y puro, cuando el nefasto personaje (acusado hoy de poseer 20 casa como la Casa Blanca del peñismo) es el mismo que organizó el fraude para beneficiar a Salinas (ver el artículo de Témoris Greko: https://bit.ly/2nEUgkQ) y el mismo que amenazó a Vicente Rojo de asesinarle a las hijas, amenaza hecha a través de Zorrilla, su empleado de entonces, preso ahora por el asesinato del periodista Manuel Bendía en 1984 (https://bit.ly/2mb9YUr).

La segunda posibilidad es que haya un fraude de grandes magnitudes con lo que el caso se convierte, no en un asunto de denuncia política, en la mañanera, sino de denuncia penal. Toda empresa, aunque sea fantasma, debe registrarse ante notario público y el funcionario debe verificar personalmente la identidad de los que firman. Además, deben registrarse ante la Secretaría de Economía, ante Relaciones Exteriores y ante el SAT, que tiene a resguardo los documentos y allí, en ellos, debe estar anotado quién es el notario y quienes los funcionarios que validaron el proceso. Ese trámite lo hicieron 26 veces (uno por empresa) y en todas ellas se presentó alguien ante los funcionarios responsables que dijo llamarse Andrés Manuel López Obrador. Y uno se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un notario y unos funcionarios ignoren quién es Andrés Manuel López Obrador? La verdad, es que cero.

Así que lo que procede es que el SAT (o la presidencia) denuncie ante la fiscalía e informe quién es el notario, quiénes son los funcionarios y que personajes hicieron el registro. Punto.