Universidad Pública: ni democrática ni popular


Por ALEJANDRO VALENZUELA

Esta ponencia es la propuesta que el autor presentó en el Quinto Congreso del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora

 

“Los límites de mi lenguaje

son los límites de mi mundo”

Ludwig Wittgenstein.

El resumen de esta ponencia se podría poner en los siguientes términos. Se busca justificar que la Universidad debe avanzar hacia una estructura de gobierno y de funcionamiento meritocrática (basada en los méritos académicos) y alejarse tanto de la forma autoritaria con que hoy la rige como de las formas democráticas (elección de autoridades por voto universal de la comunidad universitaria) por las que muchos luchan.

  1. Meritocracia y gratuidad: un esquema combinado

La academia es esencialmente meritocrática. Que lo sea, sin embargo, no significa que deba ser regida con criterios autoritarios. Para sentar las coordenadas del debate, la universidad no debe ser democrática ni antidemocrática, sino meritocrática en el sentido de que los cargos que se ocupen y el derecho de elegir deben estar justificados por los méritos académicos.

Sobre las bondades de la democracia hay acuerdo casi universal. Dijo una vez Milton Friedman que la democracia liberal es lo mejor que tenemos. Su colega, Frank Knight, introdujo, oportuno, un matiz: “La democracia liberal y el sistema de mercado son, por desgracia, lo mejor que tenemos”.

Sin embargo, siendo una deseable forma de organización social, la democracia es muy poco o nada recomendable para organizar la vida académica. Las universidades, centros por excelencia de la vida académica, deben organizarse jerárquicamente, en función de los grados académicos y el desempeño de los miembros de la comunidad.

Hoy ha regresado por sus fueros una vieja consigna de la izquierda que pide una universidad crítica, democrática y popular. Admitamos que la universidad debe ser crítica. De hecho, la ciencia en sí misma es crítica y desde la más remota antigüedad ha avanzado a contracorriente poniendo en duda los dogmas, postulados e interpretaciones del poder, político o religioso. El punto conflictivo estaría, entonces, en los criterios populares y democráticos. No sorprende que haya estudiantes y profesores estén empeñados en instaurar un modelo universitario democrático-popular. Lo que sí sorprende, y mucho, es que sean tantos los que ven en ese modelo una especie de reivindicación social sin alcanzar a ver que una institución así organizada será una escuela cualquiera, pero no una universidad.

Los estudiantes y los profesores que buscan democratizar a la universidad deberán explicar qué quieren decir con eso, porque la idea que la propuesta provoca es que se quiere someter al criterio de las mayorías todo lo relacionado con el contenido, la organización y la orientación de la academia, además de la elección de autoridades. El punto es que se busca que un congreso (una asamblea), mayoritariamente estudiantil, decida sobre el futuro de la universidad. Se busca someter al voto de las mayorías los planes académicos, los contenidos docentes, los criterios y orientaciones de la ciencia y la investigación.

El carácter popular de una universidad no puede ir más allá de su gratuidad, a pesar de que hay un criterio simplista que dice que lo que no cuesta no se valora y se pone a la universidad pública como un buen ejemplo de ello. No existe un mecanismo apropiado para inducir el ingreso a la universidad de estudiantes provenientes de familias de muy bajos ingresos. Eso ha ocasionado que los estudiantes universitarios provengan de familias de ingresos medianos y altos, por lo que las cuotas de inscripción y colegiatura que ahora se les cobra a aquellos con promedio insatisfactorio han perdido su carácter de incentivos para un mejor desempeño. Se observa, así, con claridad que la actual gratuidad ha llevado a los estudiantes a pensar que su estancia en la universidad no tiene costo.

Para igualar las oportunidades de los más desfavorecidos económicamente, la gratuidad no es suficiente. Está bien documentado el hecho de que las becas son un poderoso estímulo para el rendimiento académico. De hecho, la propuesta es que se ensaye un sistema combinado de gratuidad, becas y colegiaturas. Para los estudiantes estándar, la gratuidad es el premio a un esfuerzo mediano. Par los estudiantes de alto desempeño académico, la beca es lo apropiado. El cobro de colegiaturas deberá dejarse para los estudiantes mediocres que, en muchos casos, no carecen de la inteligencia suficiente, sino que van a la universidad a perder el tiempo.

Cualquiera de esos esquemas, sin embargo, debe estar respaldado por estrictos criterios y requisitos de admisión y de permanencia.

El carácter popular de la Universidad debe consistir que todos, independientemente del nivel económico, tengan las mismas oportunidades de ingresar, permanecer y egresar de una de las carreras y profesiones que ofrece la institución.

  1. El gobierno universitario y la ley orgánica

La administración de la Universidad de Sonora está basada en una estructura de gobierno antidemocrática. La Ley 4, la ley orgánica de la Universidad de Sonora, funda la autoridad en prácticas de selección de autoridades que permite que prevalezcan intereses de grupo o francamente personales, al margen de la vida académica. El procedimiento de selección de autoridades no se hace a espaldas de la comunidad universitaria, simplemente se hace siguiendo lo que dice la ley, pero esa ley es contraria al espíritu académico, científico e intelectual.

Se argumenta en la exposición de m otivos que la propuesta de la ley 4 estuvo motivada por la “preocupación por la situación actual y los conflictos internos que vive la Universidad de Sonora” y culpaba de eso al marco normativo que existía antes de la ley y que limitaba, se dice, la capacidad de desarrollo académico de la Universidad.

El remedio que encontraron el gobierno del Estado y el congreso local de ese tiempo (1991) fue que al rector lo nombrara una Junta de Gobierno formada por catorce miembros. Hasta allí, digamos que nada extraordinario. El problema consiste en que el Colegio Académico nombra cada año a un nuevo miembro de la junta de gobierno para sustituir al elemento con mayor antigüedad en el organismo. Digamos, por conceder, que todavía hasta aquí no hay un problema extraordinario. Sin embargo, cuando uno pone atención a la composición del Colegio Académico, empieza a vislumbrarse el verdadero meollo del asunto antidemocrático. El Colegio Académico está formado por el rector, los tres vicerrectores, los directores de cada una de las seis divisiones, tres miembros del personal académico, tres de los alumnos y uno de los trabajadores. Es decir, diecisiete miembros, diez de los cuales son gente del rector, si no es que todos porque desde siempre, los jefes de departamento han maniobrado para que los representantes académicos y alumnos sean afines a la administración.

Si el rector controla al Colegio Académico, y este nombra un miembro de la Junta de Gobierno cada año, para el final del rectorado (que suele ser de ocho años por la reelección) el rector tendrá una cómoda mayoría para nombrar sucesor, como ha pasado desde hace ya décadas en la Universidad.

Eso sin contar la nada discreta intervención del Gobierno del Estado que no le cuesta gran trabajo influir en un grupo pequeño y generalmente alejado de la vigilancia de la comunidad universitaria.

  1. La Reforma posible

La Universidad de Sonora debe mirar hacia el futuro. Su estructura orgánica y sus prácticas académicas deben orientarse hacia el desarrollo de las ciencias, las disciplinas profesionales, las humanidades y las artes. Para ello, debe reformarse la ley 4 de tal manera que la estructura de decisión académica y la administración de la institución deje de estar manos de a Junta de Gobierno y que los órganos colegiados representen mejor a los distintos sectores universitarios.

Se proponen cuatro reformas a los órganos universitarios: a la Junta de Gobierno, al Colegio Académico, a los Consejos Académicos y la formación de uno nuevo exprofeso para la elección de autoridades.

Como requisito para llevar a cabo los cambios que más adelante se presentan, es necesaria una reforma general en áreas sustantivas de la Universidad.

a) Reforma general

La primera es que las Divisiones Académicas deban desaparecer porque solamente aumentan la burocracia y no contribuyen más que marginalmente a la coordinación de los departamentos de sus áreas de influencia.

Los departamentos deben ser las instancias básicas en torno a las cuales se organice el personal y la estructura académicas. Los departamentos deben agrupar carreras similares que se ofrezcan en las tres unidades de la Universidad.

Los actuales consejos académicos divisionales deben permanecer y conformarse como se describe más adelante, pero deben incluir, como los departamentos, las carreras de su área de conocimiento en las tres unidades.

Los Consejos Académicos de las tres unidades regionales deben desaparecer para que sus funciones sean absorbidas por los seis consejos divisionales.

b) La Junta de Gobierno

Un grupo al margen de la Universidad, como en la práctica lo es la Junta de Gobierno, debe tener menos atribuciones que las que tiene. La primera reforma es que no la elija el Colegio Académico, sino que esté formada por los rectores y directores de las principales instituciones de educación superior del estado, públicas y privadas, un representante del congreso y otro del gobierno del estado.

Esta Junta tendrá la única función de ser un vigilante externo de la Universidad encargándose de la auditoría financiera de la institución. Esta función será un paso adelante en la transparencia en el uso de recursos de la Universidad.

c) El Colegio Académico

El Colegio Académico debe ser la máxima autoridad de la Universidad y en él debe recaerla responsabilidad del diseño académico y docente. Para que cumpla esa función, sus miembros, para ser candidatos al Colegio, deberán tener méritos y cubrir requisitos de desempeño académico.

Serán miembros del Colegio los siguientes funcionarios: el rector, los vicerrectores, la persona titular de la secretaría académica de la rectoría y cuatro miembros de los Consejos Académicos de cada una de las seis áreas académicas: el presidente del consejo, dos académicos y un estudiante. Es decir, 29 miembros: cinco funcionarios, seis presidentes de consejo, doce académicos y seis estudiantes.

Entre las funciones de El Colegio Académico está la de nombrar a los jefes de departamento.

d) Los Consejos Académicos

La docencia y la investigación se estructurará en torno a los Departamentos. Tanto las carreras como los académicos se agruparán en los departamentos de las carreras similares de las tres Unidades Académicas.

Las divisiones académicas deben desaparecer para simplificar la administración universitaria, pero existirá un Consejo Académico por cada una de las áreas de conocimiento, tal como ahora existen.

Eso significa que habrá 30 departamentos y 6 consejos académicos. La presidencia de esos consejos será rotativa entre los jefes de departamento que abarquen.

e) El Colegio Electoral

 

La elección del rector la hará un colegio electoral especialmente elegido para ello. Los miembros del personal académicos elegirán al 75 por ciento de los miembros en una votación graduada por el nivel y logros académicos. Los estudiantes elegirán al 15 por ciento de los miembros y el demás personal elegirá al restante 10 por ciento.

Una vez constituido el colegio electoral, la votación será directa y secreta. No habrá campañas electorales, sino una presentación de cada candidato ante el colegio electoral

 4. Conclusiones

La Universidad necesita transformarse, pero no en cualquier sentido. Debe hacerlo en el sentido que determine la comunidad universitaria, contribuyendo cada uno según los méritos académicos.

Para llevar a cabo esa reforma, se requiere de una reforma, a su vez, de la ley orgánica de la Universidad de tal manera que se aleje de la antidemocracia que ahora la distingue (no necesariamente autoritarismo), pero que no se lleve a las prácticas democráticas porque una persona, un voto es una fórmula que significará un retroceso para la calidad académica y, por tanto, a largo plazo, del prestigio de la Universidad de Sonora.