¿La reforma privatiza la educación?


GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN
Sergio Sarmiento
La reforma educativa elimina la gratuidad de la educación pública. Esto es, por lo menos, lo que dicen los que están haciendo campaña en su contra. Yo no he encontrado nada en el texto de la reforma que sugiera tal cosa, pero la realidad es lo que menos importa: La campaña continúa. Muchos de quienes participan en las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus organizaciones afines son padres de familia que afirman que se han unido al movimiento porque no quieren o no tienen dinero para pagar cuotas en las escuelas. La propaganda está permeando.
Ayer conversé con Eliseo Villar, coordinador de autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero, uno de los nuevos líderes de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se ha unido a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) en las movilizaciones contra la reforma. Villar es el dirigente que el 10 de abril emitió un ultimátum al Gobierno de Guerrero para que se siente a negociar si no
quiere sufrir nuevas acciones en su contra.
Villar, quien también es maestro, me dijo que el “apoyo popular” al movimiento de la Ceteg surge de la eliminación de la gratuidad educativa. Cuando apunté que la reforma no elimina esta gratuidad, me respondió que quienes trabajamos en los medios de comunicación somos cómplices del Gobierno y queremos ocultar la realidad. Le insistí que no hay nada en la ley que elimine la gratuidad y añadí que, si lo hubiera, me uniría a las protestas de su grupo. Él señaló que me daría la bienvenida junto con el pueblo humilde de Guerrero.
Reviso nuevamente la reforma. La iniciativa modifica los párrafos III, VII y VIII del artículo tercero de la Constitución y añade un párrafo IX. Los cambios tienen que ver con la evaluación educativa, la cual se vuelve obligatoria para escuelas y maestros. La fracción IV, la que establece lisa y llanamente que “Toda la educación que imparta el Estado será gratuita”, no se modifica.
No encuentro en esta reforma ninguna disposición que pudiera interpretarse como un paso a la privatización de la educación pública o a la eliminación de la gratuidad. Puedo entender que haya resistencias a la evaluación y que los maestros, especialmente los que saben que tienen un nivel muy bajo de preparación, se opongan a la presentación de exámenes. También que se resistan a
cualquier disposición que pudiera llevar a su despido en caso de no aprobar las evaluaciones. Es natural que los maestros se aferren a puestos públicos garantizados de por vida aun cuando su desempeño sea pésimo.
Pero la causa planteada así resulta menos atractiva políticamente que decir que el propósito es impedir la eliminación de la gratuidad de la educación de los pobres. De hecho,
exigir la inamovilidad de los maestros, sin importar la calidad de su trabajo, es una forma de reconocer que las plazas han sido ya privatizadas y que son propiedad del sindicato o de los maestros.
En la vida, sin embargo, no hay nada gratis. Lo que ocurre es que algunas veces la factura se le endosa a alguien más. Personalmente yo vería con buenos ojos que se eliminara el criterio de gratuidad de la Constitución ya que ha sido perversamente utilizado para evitar el pago de cuotas
universitarias por quienes sí tienen dinero para pagar. Y ésta es una medida sumamente regresiva.
Pero independientemente de mi punto de vista, el hecho es que en esta reforma no se modifica la gratuidad de la educación pública. Uno tiene derecho a sus opiniones, pero no a sus propios hechos.

Sergio Sarmiento

La reforma educativa elimina la gratuidad de la educación pública. Esto es, por lo menos, lo que dicen los que están haciendo campaña en su contra. Yo no he encontrado nada en el texto de la reforma que sugiera tal cosa, pero la realidad es lo que menos importa: La campaña continúa. Muchos de quienes participan en las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus organizaciones afines son padres de familia que afirman que se han unido al movimiento porque no quieren o no tienen dinero para pagar cuotas en las escuelas. La propaganda está permeando.

Ayer conversé con Eliseo Villar, coordinador de autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero, uno de los nuevos líderes de la Coordinadora Regional

de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se ha unido a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) en las movilizaciones contra la reforma. Villar es el dirigente que el 10 de abril emitió un ultimátum al Gobierno de Guerrero para que se siente a negociar si no

quiere sufrir nuevas acciones en su contra.

Villar, quien también es maestro, me dijo que el “apoyo popular” al movimiento de la Ceteg surge de la eliminación de la gratuidad educativa. Cuando apunté que la reforma no elimina esta gratuidad, me respondió que quienes trabajamos en los medios de comunicación somos cómplices del Gobierno y queremos ocultar la realidad. Le insistí que no hay nada en la ley que elimine la gratuidad y añadí que, si lo hubiera, me uniría a las protestas de su grupo. Él señaló que me daría la bienvenida junto con el pueblo humilde de Guerrero.

Reviso nuevamente la reforma. La iniciativa modifica los párrafos III, VII y VIII del artículo tercero de la Constitución y añade un párrafo IX. Los cambios tienen que ver con la evaluación educativa, la cual se vuelve obligatoria para escuelas y maestros. La fracción IV, la que establece lisa y llanamente que “Toda la educación que imparta el Estado será gratuita”, no se modifica.

No encuentro en esta reforma ninguna disposición que pudiera interpretarse como un paso a la privatización de la educación pública o a la eliminación de la gratuidad. Puedo entender que haya resistencias a la evaluación y que los maestros, especialmente los que saben que tienen un nivel muy bajo de preparación, se opongan a la presentación de exámenes. También que se resistan a

cualquier disposición que pudiera llevar a su despido en caso de no aprobar las evaluaciones. Es natural que los maestros se aferren a puestos públicos garantizados de por vida aun cuando su desempeño sea pésimo.

Pero la causa planteada así resulta menos atractiva políticamente que decir que el propósito es impedir la eliminación de la gratuidad de la educación de los pobres. De hecho,

exigir la inamovilidad de los maestros, sin importar la calidad de su trabajo, es una forma de reconocer que las plazas han sido ya privatizadas y que son propiedad del sindicato o de los maestros.

En la vida, sin embargo, no hay nada gratis. Lo que ocurre es que algunas veces la factura se le endosa a alguien más. Personalmente yo vería con buenos ojos que se eliminara el criterio de gratuidad de la Constitución ya que ha sido perversamente utilizado para evitar el pago de cuotas

universitarias por quienes sí tienen dinero para pagar. Y ésta es una medida sumamente regresiva.

Pero independientemente de mi punto de vista, el hecho es que en esta reforma no se modifica la gratuidad de la educación pública. Uno tiene derecho a sus opiniones, pero no a sus propios hechos.