CARAVANA POR LA PAZ: PACTO CIUDADANO Y DIVERGENCIA POR EL EJÉRCITO


 

CARAVANA 

Durante la manifestación donde se presentó el Acuerdo Ciudadano los grupos radicales leyeron una de las conclusiones de una de las mesas donde se pedía la salida del Ejército de las calles ante la evidente molestia de Javier Sicilia, que al día siguiente, en El Paso, Texas, tomó posición al respecto junto con Emilio Álvarez Icaza, el Ombudsman capitalino.

Pacto por un México en paz, con justicia y seguridad

I. RAZONES DE URGENCIA

 Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión Aquí impera la muerte lenta causada por la miseria la pobreza el desempleo la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.

La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.

Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio.

Sólo en el mes pasado en abril se contabilizaron mil 427 asesinatos considerando los cuerpos hallados en las narcofosas Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país más de 230 mil personas desplazadas 10 mil huérfanos la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial 10 mil secuestros de migrantes más de 30 alcaldes asesinados.

Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.

La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país 98 3 de los delitos quedan impunes Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.

 

II. VISIÓN COMÚN CON EXIGENCIAS MÍNIMAS Y COMPROMISOS

  1. Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas. Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.

a)      Se deben esclarecer y resolver los asesinatos las desapariciones los secuestros las fosas clandestinas la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

b)      Exigimos a las autoridades estatales y federal la resolución pública que presente a los autores intelectuales y materia les de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad entre ellos la familia Reyes Marisela Escobedo y su hija Rubí Bety Cariño y Jirí Jaakola las niñas y niños de la guardería ABC la familia Le Barón los jóvenes de Villas de Salvárcar los jóvenes de Morelos.

c)      Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia a no olvidar y exigir justicia colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

  1. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana

a)      Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.

b)      (I).- Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

c)      (II).- Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

  1. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad

a)      Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

b)      Exigimos que en máximo 6 meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción delitos del orden común y de crimen organizado.

  1. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen

a)      La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico los secuestros la trata de personas la extorsión la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con fa Unidad Federal de Inteligencia Financiera que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

b)      Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

  1. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social

a)      La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación salud cultura y empleo para jóvenes porque son las y los principales víctimas de esta estrategia Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

b)      Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto garantizando al menos lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria media superior y superior un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria EMS y superior de escuelas públicas así como recursos para proyectos culturales deportivos productivos y sociales realizados por los propios Jóvenes y sus organizaciones como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios comunidades y unidades habitacionales.

 

  1. Exigimos democracia participativa.

Mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana.

Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular las candidaturas independientes la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia democratización y apertura no sólo a la competencia sino al fortalecimiento de los medios públicos. Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece la consulta popular la iniciativa legislativa las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

III. PARA INICIAR EL CAMINO

Proponemos dos momentos para lograr esto:

  1. Un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y;
  2. En un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos de exigencias a los gobernantes a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.

El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.

Durante este periodo hasta el 10 de junio las Comisiones con las aportaciones del resto de la sociedad civil irán especifican do con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia.

Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades barrios colonias lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y acción colectiva nacional permanentes.

Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero.

 

AL DÍA SIGUIENTE…

Al día siguiente, el poeta Javier Sicilia y el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza convocaron a una conferencia de prensa, luego de un mitin que miembros de la Caravana del Consuelo realizaron este mediodía en esta ciudad estadunidense, para aclarar que no piden el regreso del Ejército a sus cuarteles en este momento.

El día previo, durante la firma del Acuerdo Ciudadano para la Paz en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se leyó el documento en la Plaza Benito Juárez, los oradores manifestaron que una petición del movimiento era el retiro de las calles de las fuerzas armadas. En ese instante, visiblemente molesto, Sicilia movía la cabeza de un lado a otro en ademán de negación.

Este sábado, durante la conferencia con reporteros, Sicilia y Álvarez Icaza reiteraron una y otra vez que no, que por el momento no forma parte del acuerdo el repliegue del Ejército a sus cuarteles.

Explicaron que se trató de “un error que ha causado escozor”, pues en la plaza se estaba leyendo una relatoría de las nueve mesas de trabajo que se formaron para elaborar el documento. Cuando se le preguntó a Sicilia la razón por la cual no aclaró el punto en ese momento, dijo que era imposible porque se iba a enturbiar el acto.

Ambos miembros de la Caravana por la Paz subrayaron que la salida del Ejército de las calles es una petición muy firme y arraigada en Ciudad Juárez, una “presión” de muchos grupos locales, y apuntaron que eso se debe tomar en cuenta y respetar, pero que la situación de violencia e inseguridad es diferente en cada estado de la República, y que, por ejemplo, en Tamaulipas, Durango, Chiapas o Michoacán, la gente no quiere que el Ejército se vaya.

“Hay lugares en donde la gente ni siquiera puede ir a comprar alimentos si no está el Ejército”, puntualizó Álvarez Icaza.

“Hay que atender a Juárez y su radicalidad, pero eso no puede llevarse a lo nacional. Juárez es una particularidad del país, no es el país entero. Esto es un agravio nacional, no es un asunto de izquierdas y derechas”, precisó el poeta.

Sicilia dijo que la idea es, como lo ha expresado en diversas ocasiones en los mítines a los que acude, que las fuerzas armadas sí vuelvan a sus cuarteles, pero no ahorita. “Nunca se pidió eso. Si el Ejército fue sacado de manera irresponsable a esta guerra, y esa decisión visceral del Presidente ha causado 40 mil muertos, no podemos en este momento regresarlo de la misma forma impulsiva para que la situación empeore. Sería igual de visceral y sería llevar la situación a algo mucho más terrible. Esa posición de retirar al Ejército de las calles es igual de atroz a la de haberlo sacado como lo sacaron, y nos va a generar un problema mayor”.

—Entonces, para precisar, ¿no piden la salida inmediata del Ejército de todo el país? —se les planteó.

—No, para nada. No somos tan irresponsables… —respondió Sicilia.

—No, no se trata de que el Ejército se repliegue en este momento, no… —segundó Álvarez Icaza.

— ¿Estaban muy enojados cuando se estaba leyendo el documento? —les preguntó MILENIO a ambos.

—Sí, muy enojado, muy encabronado… —respondió Sicilia.

—Sí, sumamente molesto, porque se prestó a una confusión terrible. Que esto no se preste a confusiones: dialogar no es claudicar… —contestó Álvarez Icaza.

— ¿Ganaron los duros, los radicales? —se les cuestionó.

Sicilia respondió:

—No sé si ganaron los duros, no es eso, fue un error, una lectura de las relatorías de las mesas, pero lo único que vale es el acuerdo que ya habíamos firmado el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque todo lo demás es un asunto, son discusiones de las mesas de trabajo, temas en construcción, algo perfectible que se irá discutiendo. Son demandas que se tienen que escuchar y atender, pero en este momento lo único definitivo como piso de lo que queremos es lo firmado en mayo (reforma política, proyecto de seguridad con policías profesionales desmilitarizadas, inversiones sociales, justicia en casos de ejecuciones, secuestros y desapariciones, entre otros temas), y algunos puntos de la resistencia civil que se habrán de practicar si los políticos y gobernantes no responden a nuestras demandas, como es el boicot tributario.

Sicilia y Álvarez Icaza precisaron que nunca se avaló una petición de juicio político contra Felipe Calderón para que formara parte del acuerdo, e insistieron en que fue producto de la lectura indebida de lo que se discutía y proponía en las mesas.

Ambos informaron que ya hay contactos para que su movimiento acuda a dialogar sobre esos seis puntos del acuerdo de mayo con el gobierno federal, el Poder Legislativo y los gobernadores, y que se trabaja en los formatos para que dichos encuentros sean públicos, ante medios de comunicación.

A lo largo del mitin en El Paso, Sicilia reiteró que sí es petición de su movimiento que se suspenda la Iniciativa Mérida, que se detenga el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos, y que se abata del consumo de drogas en ese país, ya que todo ello es detonador de la violencia en México.